Las urgencias electorales de Zapatero no han dado el resultado apetecido. Y es que el Tribunal Supremo no es tan moldeable como Garzón. El hecho de que, al menos desde 2005, se venían ignorando las pruebas para abrir un proceso de ilegalización, no significó nada para el gobierno de Zapatero entonces, y si lo impulsó ahora es porque le interesa electoralmente.
En un auto que fue notificado ayer, el Tribunal Supremo argumentó su decisión en contra de impedir a ANV presentarse a las próximas elecciones generales del día 9 de marzo y cortar la financiación pública que viene recibiendo. También argumentó la negativa a suspender su actividad, cerrar sus locales y embargar sus cuentas tal y como pretendían tanto el Ministerio Fiscal como los Servicios Jurídicos del Estado. Para conocer el auto referente al PCTV tendremos que esperar a mañana. Sobre otra de las peticiones del abogado del Estado, como era la suspensión de los grupos municipales de ANV en casi 500 localidades del País Vasco y Navarra, la Sala ni siquiera se ha pronunciado.
En cuanto a la argumentación del rechazo, la Sala no lo justifica en la coincidencia con la medida acordada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en vía penal, sino que lo basa en criterios de proporcionalidad, explicando que toma la resolución con el fin de no limitar indebidamente el pluralismo político.
Y añade en el auto: Parece desproporcionado adoptar ahora una medida que, de hecho, representa la disolución anticipada de un partido, cuando sólo unos meses más tarde podrá decidirse sobre esta cuestión. Sigue argumentando que los datos más significativos de las demandas de ilegalización son recientes, ya que se producen en los últimos meses de 2007 y enero de 2008, si bien el proceso de colaboración de ANV en la estrategia marcada por Batasuna se detecta desde el mes de mayo de 2007, y puede intuirse incluso respecto a fechas anteriores, dada la infiltración que en las elecciones celebradas en esas fecha se detectó de miembros de Batasuna presentados en las candidaturas de ANV.
En resumen, que el Supremo no ha «cumplido los tiempos» que han sido marcados desde el gobierno, y ha dado un bofetón a la estrategia electoral gubernamental. Pero, sin embargo, no me alegro en absoluto de la resolución judicial. En absoluto. E intentaré explicarme. El derecho de un partido que coopera con organizaciones terroristas, como es el caso de ANV, se ha antepuesto a la libertad e incluso la vida de los amenazados por la banda criminal ETA. Creo que el bien mayor: la vida y la libertad de ésas personas se ha dejado de lado o ni siquiera se ha considerado en el auto del Tribunal Supremo.
Pero, de todo éste embrollo la culpa la tiene el gobierno con su esperpéntica política antiterrorista; su absurda y estúpida creencia en conseguir la paz a cualquier precio, incluso el de algunas vidas humanas. Negoció con ETA durante toda la legislatura prácticamente, incluso cuando ETA asesinó a dos personas en la T-4; cuando se acerca la época electoral, deja de negociar porque no le es rentable electoralmente, incluso se sube al carro de las ilegalizaciones que debió haber promovido mucho antes de las municipales del 2007; y, como colofón, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Miguel Buen ha afirmado textualmente que Zapatero y «los socialistas lo hemos intentado, y no sólo no nos arrepentimos de ello, sino que estamos orgullosos, y les puedo asegurar que si se diesen nuevamente las circunstancias necesarias volveríamos a intentarlo, pero es obvio, por desgracia, que ahora mismo esas circunstancias no se dan».
¿Alguien necesita alguna prueba más para confirmar que la confrontación actual del gobierno de Zapatero con la organización terrorista es sólo algo temporal? Es simple y llanamente, una sencilla regla de tres en la estrategia electoral socialista.
El canto del cisne 