El Estatut y las sentencias al gusto

Asistimos con verdadera expectación, que nos dura ya tres años y ocho meses, a la decisión del Tribunal Constitucional acerca del estatuto catalán. No se matan en su trabajo los jueces del Tribunal Constitucional para dirimir algo tan fundamental. Imagino que la tardanza responde a presiones políticas, al no obtener una sentencia en el sentido deseado por el gobierno, que ya podemos todos imaginar cual es, siendo un estatuto pensado entre café y café una noche maratoniana entre Zapatero y los convergentes Artur Mas y Durán y Lleida. Por esa razón, Mas emplazó con un cierto tinte de amenaza a Zapatero, no hace mucho, a que el Estatut saliera «intacto» del Tribunal Constitucional.

La sentencia parece que está próxima, puesto que tanto Omnium Cultural como Esquerra Republicana han anunciado una movilización a la rebelión si no se deja «intacto» el Estatut, manifestándose en el mismo sentido que los convergentes antes citados. La realidad es que este Estatut, amparado y patrocinado por Zapatero no hay por donde cogerlo (como casi todo lo demás dónde nuestro prócer mete sus ignorantes narices), como muestra un botón: el Título III de este bodrio, en el que Cataluña se atribuye una de las competencias exclusivas del Estado, al determinar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como máxima instancia judicial en todos los ámbitos. ¿Se imaginan lo que esto supondría? En principio, la división en 17 poderes autonómicos judiciales, lo que choca frontalmente con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Constitución que otorga rango constitucional al Tribunal Supremo (al igual que las constituciones vigentes en Estados de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania) y situándolo como el órgano superior de todos los órdenes, y poniendo un especial énfasis en la salvaguarda del principio de unidad jurisdiccional consagrado en el apartado quinto del art. 117, traduciéndose en la exigencia de una Ley Orgánica del Poder Judicial, un cuerpo único de jueces y magistrados y un órgano de gobierno único para el poder judicial. Es más, la Constitución, al referirse a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, en su art. 152, hace la salvedad literal de sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. Pues nada, todas esas disposiciones de nuestra Constitución, y muchas más, el Estatut se las ha cargado de un plumazo, por obra y gracia de Zapatero y los Convergentes, con la cooperación necesaria de Esquerra y varios aplaudidores nacionalistas más.

Este que he expuesto anteriormente es uno de los aspectos que seguramente será modificado por el Tribunal Constitucional, en el sentido de optar claramente por el “principio de unidad jurisdiccional”. Otro aspecto que se comenta que será modificado es el famoso y comentado término «nación» que el Estatut se apropia para definir a Cataluña, y se dice que la sentencia del Tribunal Constitucional aclarará que, en términos constitucionales, la única nación que existe es España. Y eso sin entrar en el tema de que hay ciertos elementos de cohesión cultural del país, como es el uso del español, que deben ser garantizados por el Estado. Con estos recortes a la vista, el tira y afloja entre los miembros del Tribunal Constitucional será, de nuevo, de imposible resolución para este quinto y, de momento, último borrador. Pero hay una novedad, y es que en más de una ocasión, la presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, se ha opuesto a hacer uso de su voto de calidad como presidenta del mismo. Es obvio que el motivo es que resultaría desvergonzado y no muy edificante que, tras casi cuatro años de deliberaciones, el fallo del Estatut lo determinase una sola persona. Sin embargo, en el caso de que cinco de los magistrados se muestren a favor, y los otros cinco en contra, la presidenta hará uso de ese voto de calidad, que irá en el sentido que Zapatero y su gobierno ansían.

No hay que olvidar, sin embargo, que resulte lo que resulte de la deliberación del Tribunal Constitucional; son atribuibles a Zapatero, que alentó, redactó e irresponsablemente se comprometió a no mover ni una coma; los riesgos que corre nuestro sistema constitucional, por saltarse a la torera nuestro marco constitucional. No se puede poner en tela de juicio alegremente la unidad territorial del país y el mercado único. Tampoco se puede poner en cuestión la solidaridad básica de los españoles, la vertebración nacional o un sistema judicial común. Y todo ello lo ha hecho Zapatero para nuestra desgracia.